{"id":16563,"date":"2026-02-10T17:14:23","date_gmt":"2026-02-10T17:14:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hemensalidaporlaizquierda.org\/wordpress\/?p=16563"},"modified":"2026-02-10T17:14:24","modified_gmt":"2026-02-10T17:14:24","slug":"la-violencia-institucional-machista-tras-los-feminicidios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.hemensalidaporlaizquierda.org\/wordpress\/2026\/02\/10\/la-violencia-institucional-machista-tras-los-feminicidios\/","title":{"rendered":"La violencia institucional machista tras los feminicidios"},"content":{"rendered":"\n

Por Alejandra Mateo Fano<\/a><\/p>\n\n\n\n

Las mujeres son a menudo infantilizadas, cuestionadas o ignoradas tras denunciar violencia de g\u00e9nero. Estas actuaciones revictimizantes ponen en peligro la continuidad de los procesos judiciales y las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El 3 de septiembre de 1999, \u00c1ngela Gonz\u00e1lez Carre\u00f1o decidi\u00f3 que no regresar\u00eda al infierno de insultos, humillaciones y palizas al que su marido, Felipe Rasc\u00f3n, llevaba a\u00f1os someti\u00e9ndola. Huy\u00f3 del hogar familiar, si se le puede llamar as\u00ed, interpuso denuncia ante los juzgados y solicit\u00f3 el divorcio para cortar toda relaci\u00f3n con su maltratador. El testimonio desgarrador de \u00c1ngela, presentado ante distintas instancias judiciales, no impidi\u00f3 la autorizaci\u00f3n de las visitas de Rasc\u00f3n para pasar tiempo sin supervisi\u00f3n con Andrea, la hija que ten\u00edan en com\u00fan, y que por aquel entonces ten\u00eda tres a\u00f1os de edad. La menor rechaz\u00f3 hasta la saciedad aquellas visitas sin que nadie la escuchara. Consciente del peligro que esta decisi\u00f3n entra\u00f1aba para la criatura, \u00c1ngela interpuso m\u00e1s de 51 denuncias entre juzgados y comisar\u00edas implorando medidas de protecci\u00f3n para ambas. Pero el 24 de abril de 2003 tuvo lugar el episodio de violencia vicaria m\u00e1s sangrante de las \u00faltimas d\u00e9cadas: Rasc\u00f3n, en una de las visitas pactadas, asesin\u00f3 de un tiro a la ni\u00f1a con el fin de provocar el mayor dolor posible a su expareja como castigo por negarse a permitir sus abusos. <\/p>\n\n\n\n

En un art\u00edculo<\/a> donde desengrana los pormenores del caso, la periodista y activista feminista Cristina Fallar\u00e1s detalla el periplo judicial que atraves\u00f3 desde la muerte de su hija: tras varios recursos desestimados por parte de los tribunales espa\u00f1oles, la asociaci\u00f3n pro derechos humanos Women\u2019s Link<\/a> llev\u00f3 su caso ante el Comit\u00e9 de la ONU para la Eliminaci\u00f3n de la Discriminaci\u00f3n contra la Mujer (CEDAW), que en 2014 dictamin\u00f3 que Espa\u00f1a no la hab\u00eda protegido ni a ella ni a su hija. Por fin un tribunal extranjero reconoc\u00eda la responsabilidad de las instituciones en la desprotecci\u00f3n de madre e hija, y con ello empezaba a nombrarse t\u00edmidamente el t\u00e9rmino violencia institucional machista.<\/p>\n\n\n\n

El \u00fanico culpable del feminicidio vicario de Andrea fue su padre, pero el desenlace se podr\u00eda haber evitado si los actores judiciales y policiales hubieran actuado con la debida diligencia. Esta violencia que procede directamente de las entidades p\u00fablicas se manifiesta cuando, seg\u00fan el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas<\/a> (OVIM), \u201cuna mujer acude a las instituciones del Estado y se produce alguna omisi\u00f3n, pr\u00e1ctica o acci\u00f3n que constituye violencia machista al obstaculizar o impedir el ejercicio de sus derechos humanos\u201d. El observatorio a\u00f1ade que esta violencia silenciosa se despliega desde el momento en que una persona que ha sido v\u00edctima de un delito como la violencia de g\u00e9nero, \u201csufre un nuevo da\u00f1o como consecuencia del trato (esc\u00e9ptico) recibido por parte de instituciones, profesionales o la sociedad durante el proceso de denuncia, investigaci\u00f3n o b\u00fasqueda de justicia\u201d. <\/p>\n\n\n\n

Las instituciones tienen el deber legal de no tolerar ni perpetrar la violencia machista, adem\u00e1s de no hacer caso omiso frente a ella. M\u00e1s reciente que el de \u00c1ngela es el caso de Mar\u00eda Salmer\u00f3n, de tintes muy similares: a pesar de que su expareja hab\u00eda sido condenada a 21 meses de prisi\u00f3n por la violencia ejercida contra ella (pena que, por cierto, nunca lleg\u00f3 a cumplir), ella fue sentenciada a nueve meses de c\u00e1rcel por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad con agravante de reincidencia tras incumplir el r\u00e9gimen de visitas de su hija, obligada a citarse con su padre, para evitar que corriera la misma suerte que Andrea.<\/p>\n\n\n\n

Desde entonces, no han parado de sucederse los juicios donde las v\u00edctimas ven cuestionados sus relatos, las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n son denegadas o las valoraciones se realizan de forma negligente al desconsiderar la situaci\u00f3n de riesgo que sufren muchas mujeres reci\u00e9n separadas de sus agresores. La mayor parte de estos casos se producen dentro de la judicatura, aunque tambi\u00e9n tienen resonancia en comisar\u00edas, centros de salud o, en menor medida, recursos para v\u00edctimas en violencia de g\u00e9nero. En Espa\u00f1a, seis de cada diez denuncias sobre violencia machista institucional est\u00e1n relacionadas con comportamientos o decisiones de los jueces: un estudio<\/a> realizado por el OVIM pone de relieve que, de los casos recogidos, el 52 % se concentran en este sector, seguido por los \u00e1mbitos policial, sanitario, social y de atenci\u00f3n integral. <\/p>\n\n\n\n

Como enfatiza este organismo, entre los patrones m\u00e1s habituales de violencia institucional se encuentran la negaci\u00f3n sistem\u00e1tica de medidas de protecci\u00f3n, la desconfianza hacia las v\u00edctimas y la priorizaci\u00f3n de los derechos de los progenitores frente al inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os y ni\u00f1as. Tambi\u00e9n son tristemente habituales, a\u00f1aden, los testimonios de mujeres que narran haber sido infantilizadas, culpabilizadas o ignoradas por parte de profesionales p\u00fablicos. Este tipo de actuaciones revictimizantes ocurren con frecuencia durante los interrogatorios (recordemos la vista oral del juez Carretero con Elisa Moulia\u00e1<\/a> tras su denuncia por abusos sexuales contra \u00cd\u00f1igo Errej\u00f3n), y explican la elevada tasa de infradenuncia que persiste todav\u00eda en Espa\u00f1a. Muchas mujeres alegan sentir pavor ante la idea de que sus testimonios puedan ser cuestionados cuando ocurre una agresi\u00f3n<\/a>, sobre todo si no encajan con el estereotipo de \u201cv\u00edctima perfecta\u201d que muchos jueces esperan encontrarse. El resultado: muchas supervivientes deciden no continuar el proceso judicial tras haber interpuesto una denuncia contra su maltratador por el peso de esa violencia institucional revictimizante. Esto a menudo se confunde con que las mujeres retiren sus denuncias, un argumento que suelen utilizar quienes defienden discursos antifeministas o negacionistas de la violencia machista. <\/p>\n\n\n\n

Injusticia epist\u00e9mica en los juzgados<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Cuando, debido a estas trabas, las mujeres renuncian a seguir con el proceso judicial, se produce lo que la fil\u00f3sofa brit\u00e1nica Miranda Fricker acu\u00f1\u00f3 bajo el t\u00e9rmino de \u201cinjusticia testimonial\u201d. Un efecto del maltrato ejercido por las instancias<\/a> que te\u00f3ricamente deber\u00edan brindar seguridad y protecci\u00f3n. \u201cLa experiencia por el proceso penal o en la polic\u00eda de algunas mujeres hace que otras desconf\u00eden de las instituciones y se replanteen el denunciar o no. Hemos escuchado relatos en los que se cuestiona qu\u00e9 ha hecho la mujer antes de recibir esta violencia, qu\u00e9 ha hecho durante la violencia y qu\u00e9 ha hecho despu\u00e9s, pero tambi\u00e9n existe el miedo de que les vayan a quitar la custodia de sus hijos sabiendo que se est\u00e1n dando visitas a padres maltratadores\u201d, explica a este medio Marina Oliva, integrante de H\u00e8lia, una de las principales asociaciones de apoyo a v\u00edctimas de violencia machista en Espa\u00f1a. Oliva incide en un dato aterrador: en m\u00e1s del 80 % de los casos se est\u00e1n dando custodias y las visitas a padres agresores, pese a que la ley establece que estas no se deber\u00edan dar, por norma general, a padres que est\u00e9n siendo investigados o condenados por violencia de g\u00e9nero. <\/p>\n\n\n\n

La palabra que mejor define el sentir general de estas mujeres es el miedo, que se incrementa en el caso de las que son migrantes o racializadas: quienes se encuentran en una situaci\u00f3n administrativa irregular tienen terror al hecho de que, si denuncian, puedan ser deportadas del Estado espa\u00f1ol y, adem\u00e1s, en muchos casos, las barreras culturales e idiom\u00e1ticas limitan la comunicaci\u00f3n ya que no siempre hay int\u00e9rpretes disponibles, como explica una investigaci\u00f3n de la Universidad de Vigo<\/a> elaborada por Sabela P\u00e9rez-Mart\u00edn, Iria V\u00e1zquez Silva y Carmen Verde-Diego. Tambi\u00e9n son culpabilizadas e infantilizadas con m\u00e1s frecuencia y sufren comentarios racistas durante el proceso judicial. Con todo, a\u00f1aden, la p\u00e9rdida de confianza en el sistema despu\u00e9s de sufrir la negaci\u00f3n de sus derechos por las mismas instituciones encargadas de velar por su seguridad genera un trastorno emocional y social significativo.<\/p>\n\n\n\n

Por el momento, el sexismo institucional no est\u00e1 reconocido en el Estado espa\u00f1ol, si bien la Ley Org\u00e1nica 1\/2004, de 28 de diciembre de 2004<\/a> contempla medidas de protecci\u00f3n integral para v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero (entre ellas, asistencia jur\u00eddica gratuita, atenci\u00f3n psicol\u00f3gica y social, protecci\u00f3n policial y orden de alejamiento). Se trata de medidas cautelares \u2013preventivas y temporales\u2013 una vez interpuesta la denuncia y celebrado el primer juicio r\u00e1pido hasta la finalizaci\u00f3n del proceso. Ahora bien, seg\u00fan el Observatorio contra la Violencia de G\u00e9nero, el 34,18 % de estas \u00f3rdenes de protecci\u00f3n solicitadas en los \u00faltimos 15 a\u00f1os en Espa\u00f1a no se concedieron. Entre abril y junio de 2025, tal y como arrojan los \u00faltimos datos del Consejo General del Poder Judicial<\/a>, se solicitaron en los \u00f3rganos judiciales un total de 12.661 \u00f3rdenes de protecci\u00f3n y se concedieron siete de cada diez, una cifra preocupante para las expertas consultadas. <\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal<\/a> (LECRIM), algunas medidas de protecci\u00f3n cautelares urgentes incluyen el alejamiento f\u00edsico (el agresor no puede acercarse a la v\u00edctima ni a su entorno), prohibici\u00f3n de comunicaci\u00f3n, retiro de armas al agresor de car\u00e1cter inmediato, suspensi\u00f3n del r\u00e9gimen de visitas o acceso a recursos habitacionales de apoyo. El problema se halla en que la consideraci\u00f3n del riesgo que padecen las v\u00edctimas depende directamente de la interpretaci\u00f3n de los jueces, que pueden no tener integrado en su pr\u00e1ctica un enfoque feminista. De esta forma, a veces se produce un gran desconocimiento por parte de los profesionales de las din\u00e1micas que se producen en la violencia machista en el \u00e1mbito de la pareja, raz\u00f3n por la que se minusvaloran con frecuencia comportamientos peligrosos de los agresores. <\/p>\n\n\n\n

Para Iria V\u00e1zquez Silva, profesora de sociolog\u00eda en la Universidad de Vigo y coautora del citado informe, es preciso que cualquier profesional que tenga contacto con una v\u00edctima de violencia est\u00e9 formada en prevenci\u00f3n de violencia machista: \u201cEn grados de trabajo social, medicina, derecho o psicolog\u00eda, a veces no hay materias obligatorias de violencia de g\u00e9nero. Y claro, luego te encuentras en los juzgados con que el equipo forense no est\u00e1 formado y los abogados de oficio, en casos de violencia de g\u00e9nero, hay veces que tienen una formaci\u00f3n espec\u00edfica de dos o tres d\u00edas\u201d. A muchas mujeres les juega en contra experimentar s\u00edndrome de estr\u00e9s postraum\u00e1tico despu\u00e9s de haber sufrido violencia machista, porque puede hacerles perder la custodia de sus hijos al malentenderse que no estar\u00e1 capacitada para hacerse cargo del menor. De esta forma, la violencia<\/a> no s\u00f3lo acaba patologiz\u00e1ndose sino que se vuelve en contra de las v\u00edctimas al pasar por los juzgados. <\/p>\n\n\n\n

Saturaci\u00f3n de los recursos p\u00fablicos y fallos sist\u00e9micos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Pero una parte esencial de esa violencia por omisi\u00f3n a la hora de otorgar medidas de protecci\u00f3n tiene que ver directamente con la saturaci\u00f3n de los servicios y recursos p\u00fablicos. \u201cEn Madrid tenemos 11 juzgados de violencia sobre la mujer para instruir, para investigar, dictar \u00f3rdenes de protecci\u00f3n y luego tenemos unos juzgados penales para los juicios. Todo esto hace que los jueces vayan a pi\u00f1\u00f3n. Cuando tienes un tiempo limitado a veces no puedes hacer todas las preguntas necesarias y llegas a dar por menos graves cosas que s\u00ed lo son. Muchas veces no hay medios para atender a cada caso como se merece\u201d, explica Marta Herrero, abogada de v\u00edctimas de violencia machista<\/a>. Esta precariedad atraviesa tambi\u00e9n a los recursos p\u00fablicos de atenci\u00f3n para v\u00edctimas: al recortarse sistem\u00e1ticamente los fondos para estos espacios esenciales y volverse eternas las listas de espera para acceder, multitud de mujeres se quedan fuera, ya que s\u00f3lo pueden atenderse los casos m\u00e1s extremos y urgentes. <\/p>\n\n\n\n

\u201cEn los recursos se prioriza siempre una situaci\u00f3n que sea m\u00e1s grave. Entonces, aunque a nivel normativo se incluya a todas las mujeres, al final si no hay presupuesto ni plantilla suficiente y hay unas listas de espera superlargas, quedan excluidas del circuito much\u00edsimas v\u00edctimas\u201d, destaca Oliva. Las trabajadoras de la red contra la violencia de g\u00e9nero de Madrid llevan tiempo denunciando que no hay suficientes profesionales para la demanda que existe ya que son recursos externalizados y en gran medida precarizados.<\/p>\n\n\n\n

Una de las medidas penales de protecci\u00f3n para v\u00edctimas es la implantaci\u00f3n de dispositivos de control telem\u00e1tico para agresores. M\u00e1s de 4.500 hombres en Espa\u00f1a las llevan puestas. Estos medios (pulseras o brazaletes) permiten conocer la ubicaci\u00f3n exacta de los maltratadores con \u00f3rdenes de alejamiento en vigor y sirven para detectar posibles quebrantamientos de la orden en tiempo real. El Centro Cometa, dependiente del Ministerio de Igualdad, que gestiona estos dispositivos de vigilancia, estuvo envuelto desde finales de 2024 en un sinf\u00edn de esc\u00e1ndalos despu\u00e9s de que se notificaran fallos en los dispositivos: congelaci\u00f3n de la ubicaci\u00f3n de los agresores, errores en los GPS, materiales de escasa calidad que facilitaban quitarse las pulseras\u2026 La adjudicaci\u00f3n del contrato del servicio, mediante concurso p\u00fablico, a dos empresas privadas (Securitas y Vodafone) en marzo de 2024 fue el inicio de la precarizaci\u00f3n extrema de este servicio, que a la larga se tradujo en una violencia institucional de primer orden. <\/p>\n\n\n\n

Solo <\/strong>825 ayuntamientos est\u00e1n integrados en el Sistema Viogen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Al igual que ocurre con la concesi\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n para v\u00edctimas en los juzgados, la violencia institucional tambi\u00e9n est\u00e1 presente en la valoraci\u00f3n del riesgo de las mujeres en el sistema Viogen. \u201cLa polic\u00eda, cuando toma declaraci\u00f3n a la v\u00edctima para valorar su nivel de riesgo, le pide que conteste a determinadas preguntas y va rellenando un formulario informatizado. Seg\u00fan las respuestas que ellos piquen, sale un resultado u otro. No hay una entrevista de una trabajadora social o de una psic\u00f3loga en toda esa valoraci\u00f3n\u201d, alega Herrero sobre uno de los aspectos m\u00e1s mejorables de este sistema de calificaci\u00f3n y seguimiento a nivel estatal. Falta, aseguran las expertas, m\u00e1s profesionalizaci\u00f3n en esas valoraciones, pero tambi\u00e9n tiempo para valorar pausadamente cada caso.<\/p>\n\n\n\n

Para determinar un nivel u otro de riesgo la Polic\u00eda o Guardia Civil (encargados del seguimiento) toman en consideraci\u00f3n par\u00e1metros<\/a> como la presencia de denuncias anteriores, tenencia de armas por parte del agresor, si este ha proferido amenazas de muerte a la v\u00edctima, sexo forzado, amenazas de suicidio, agresiones f\u00edsicas a animales o antecedentes por atentado a la autoridad. Un agravante del riesgo puede ser que la v\u00edctima tenga certificada alg\u00fan tipo de discapacidad, ya que este factor aumenta su vulnerabilidad frente al maltratador. <\/p>\n\n\n\n

Como desvelan los \u00faltimos datos<\/a> del Observatorio de Violencia de G\u00e9nero, desde 2013, el n\u00famero de casos activos en el sistema Viogen ha aumentado en m\u00e1s de 39.000 y los de riesgo alto se han multiplicado por siete. A pesar de lo alarmante de estas cifras, la mayor parte de los Ayuntamientos todav\u00eda no est\u00e1n integrados en el Sistema Viogen: A fecha de noviembre de 2025, tan solo lo estaban 825 consistorios, 38 de ellos capitales de provincia (en Espa\u00f1a hay 8.132 municipios). Esto es especialmente grave ya que cuando no existe convenio con los ayuntamientos, la Polic\u00eda Local no puede ver ni actualizar el nivel de riesgo de una v\u00edctima. En Zaragoza, por ejemplo, que en 2025 contaba con m\u00e1s de 1.600 casos activos (2.566 en todo Arag\u00f3n), estuvo hasta finales de a\u00f1o sin estar integrada plenamente en el sistema. \u201cEs necesario seguir tomando conciencia de g\u00e9nero y garantizar, con pol\u00edticas y servicios p\u00fablicos, seguridad para las v\u00edctimas. Aqu\u00ed el problema est\u00e1 en la estructura del sistema y en la manera en la que se organiza la l\u00f3gica institucional\u201d, refiere Teresa Carrillo, psic\u00f3loga feminista especializada en violencias machistas.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/ctxt.es\/es\/20260201\/Politica\/51998\/alejandra-mateo-fano-reportaje-justicia-revictimizacion-maltrato-violencia.htm<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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